No sólo es de sentido común, sino que la Ley estipula que una mujer que ha sido violada y quedó embarazada por éste hecho puede interrumpir su embarazo (abortar, pues).
La Secretaría de Salud, en un acto un tanto espinoso, se negó a llevar a cabo la solicitud del Instituto Veracruzano de la Mujer de interrumpir el embarazo de una indígena que además de haber sido violada, sufre de retraso mental, con el pretexto de "que la familia aún no se decide qué hacer".
No puedo creer que una familia esté dispuesta a cargar con un niño producto de la violación de una mujer con retraso, con los costos económicos, sociales y culturales que esto conlleva.
Aquí es donde los pro-vida comienzan a afirmar "que no es culpa del niño" y los pro-aborto que "tampoco lo es de la madre ni la familia".
Asunto complicado.
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